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Donde digo digo, digo Diego

Ahora digo blanco, y luego ya diré negro

Ahora digo blanco, y luego ya diré negro

La verdad es que el actual Gobierno se está teniendo que comer todas y cada una de sus palabras durante la campaña electoral, e incluso teniendo que rectificar determinadas medidas que ha ido tomando durante estos escasos 6 meses de gobierno.

La última prueba de capacidad tragadera del Gobierno ha venido por parte de la Unión Europea que parece estar obligando al Ejecutivo español a retirar la desgravación por compra de vivienda, sí, sí, esa por cuya eliminación pusieron el grito en el cielo cuando el PSOE la retiró parcialmente, y que luego repusieron nada más llegar al Gobierno.

Parece que no está teniendo los efectos que pensaban que tendrían y se están encontrando con que les está saliendo demasiado cara, es decir, que están teniendo que pagar por desgravación fiscal mucho más de lo que consiguen obtener por los impuestos de las compras de vivienda.

Los expertos económicos ya habían advertido de que era un error volver a recobrar una figura claramente obsoleta y que no aportaría nada nuevo al sistema económico español, más allá de tratar de recuperar las esencias de la burbuja inmobiliaria, aunque con el problema de que el crédito en estos momentos no fluía con la suficiente fuerza.

Una vez más se demuestra que el Gobierno no ha comprendido la dimensión de la crisis. Pensó que con las mismas artimañas de 1996 podría volver a conseguir los mismos resultados, pero no entendió que el sector inmobiliario ya estaba demasiado sobredimensionado y que las empresas públicas de valor ya estaban vendidas al mejor postor.

Con ello, nos encontramos con un Gobierno que está teniendo que dar marcha atrás en todo lo que pensaba, negando la mayor en cada momento e intentando hacer ver a la ciudadanía que es el único camino posible, cuando basta un mínimo de inteligencia para comprender que siempre hay un camino mejor, y éste parte del plan a medio plazo

Un plan que no está teniendo el Ejecutivo, dedicado a gobernar a base de improvisación, exactamente de la misma forma en la que gobernó el gobierno anterior, porque, por mucho que algunos se empeñen, al final todos son iguales.

Nada de nada

José Blanco, pensando en su futuro cargo de Consejero en una Corporación financiera

José Blanco, pensando en su futuro cargo de Consejero en una Corporación financiera

Y vuelve la burra al trigo en el Gobierno, a cada nueva propuesta por parte del resto de partidos políticos para que se empiece a generalizar por ley la opción de la dación en pago en las ejecuciones hipotecarias, el Ejecutivo responde siempre con una negativa rotunda y contundente.

Porque el Gobierno se ha propuesto claramente mantener vivos los intereses del sector financiero, sabedores de la importancia de este sector para la economía en su conjunto, sin importarles que atrás queden los ciudadanos sin otra capacidad de respuesta más que el pataleo.

Desde el comienzo de la crisis el Gobierno ha despejado todas las dudas que pudiera haber sobre sus preferencias y se ha decantado siempre por proteger los intereses de la banca y del sector financiero en su conjunto. Primero fueron los avales a todas las posiciones de las entidades financieras, sin exigir nada a cambio, lo que provocó el injusto bloqueo a la circulación del crédito por parte de los bancos y cajas.

Y ahora nos viene con el bloqueo de un posible debate parlamentario sobre la opción de la dación en pago como resolución a los procesos de ejecución hipotecaria, lo cuál sería claramente más justo y equitativo para con los ciudadanos, independientemente de lo que sucedería con los bancos y cajas.

Sin embargo, algún favor debe de haber pendiente, alguna financiación hecha como trato de favor, o algún puesto de Consejero en cualquier da las empresas dominadas por el sector financiero debe de estar en juego, que el caso es que el Gobierno se sigue cerrando en banda.

A pesar de que la dación en pago ya se ha estado utilizando durante muchos años en países como Estados Unidos, con corporaciones bancarias de gran poder, o en Francia, de tradición financiera importante. Pero en España nada de nada, seguimos con la injusticia de que un hipotecado pierda su vivienda y mantenga la deuda a pesar de los pesares.

Son estas medidas las que están desconcertando a los votantes socialistas, que ya no saben a lo que atenerse con su propio partido, porque casi todas las últimas decisiones se están alejando peligrosamente de la izquierda y decantándose, más peligrosamente, hacia la derecha.

La desvergüenza de las cláusulas suelo

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La ley del banco: sólo pueden ganar ellos

Hasta hace bien poquito nadie había oído hablar de ellas, eran como ese familiar del que no sabes nada, pero que luego resulta que aparece de buenas a primeras y te dice que es tu primo, tu tío, o vete tú a saber quien demonios es.

Han aparecido en el momento en el que el Euribor ha comenzado a desplomarse, y entonces hemos comprendido, pobres inocentes, que las entidades financieras no son tontas y se cubren ante cualquier situación, por ejemplo, que bajen los tipos de interés.

Incrédulos hemos acudido a nuestros contratos de hipoteca, porque no nos podíamos creer que nuestra cuota no estuviera bajando al mismo ritmo que los tipos de interés, y hemos encontrado, sí, allí escondida, donde nadie la podía ver, donde nadie acudiría a buscarla, a la cláusula suelo, esa maldita que tanto daño nos está haciendo ahora.

Según ha denunciado la organización de consumidores FACUA, todos nosotros que pagamos nuestras hipotecas religiosamente, estamos perdiendo alrededor de 2.000 euros, una cantidad que nos la podríamos estar ahorrando, pero que estamos condenados a seguir pagando a los bancos y cajas.

Este es el tipo de abusos de los que los Gobiernos deberían de protegernos, porque no es justo que exista una cláusula suelo y no exista, por ejemplo, una cláusula cielo, no puede ser que siempre ganen los mismos, y que todo vaya al mismo saco.

Desde mi punto de vista, el Gobierno debería de emitir una serie de cláusulas generales que todos los contratos de hipoteca deberían de tener, y otras tantas que no fueran permitidas, bajo ningún concepto, en este tipo de contratos.

Para eso están los gobiernos, para salvaguardar los intereses de sus ciudadanos, nada de para salir en la foto, ni para lucir palmito en las reuniones de postín.

Sin embargo, mucho me temo que los intereses creados por las entidades financieras son demasiado importantes como para que un Gobierno, sea del signo político que sea, pueda llegar a imponer un control sobre los contratos que firman.

Eso sí, siempre debería de haber cierta libertad para que cada entidad pueda establecer sus condiciones particulares, dentro de un marco regulatorio común.

Si no, lo que sucede es que los grandes perjudicados seguimos siendo, como siempre, los consumidores que nos limitamos a pagar nuestras cuotas mensuales.