El gobierno ha aprobado hoy el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Y ya se ha armado el revuelo. Sin entrar en las ETERNAS Y ABURRIDAS discusiones políticas sobre si es esto o aquello o deja de serlo o viceversa, nadie duda que el sector inmobiliario es muy complejo. Frente a las dificultades de los que no `pueden comprarse una vivienda por mini que sea, el FMI pide al gobierno que deje de construir VPO. Los argumentos son estos: por un lado, aumenta el parque de viviendas, y por otro, y quizás más importante, con mucha frecuencia no se beneficia a aquellos que realmente lo necesitan, ¿Quién no conoce a alguien que la ha tocado una VPO con una vivienda en propiedad? Y el problema de fondo, es la terrible impunidad que existe. La solución que aportan es crear un registro de demandantes de VPO pero vuelve a ser poner al lobo a cuidar de las ovejas. Nadie duda de las buenas relaciones entre promotores y políticos, cualquier que sea su signo, pero ¿cuanto habrá que pagar ahora para que alguien aparezca en este registro? Parece que se han olvidado del escándalo de las licencias de los locales comerciales del Ayuntamiento de Madrid.

Además, los promotores piden transparencia al gobierno en dicho Plan. Transparencia sería si que se supieran, se controlaran y se persiguieran los pagos extra que muchos de estos autodenominados empresarios piden para esta tipología de vivienda. Lo malo es que también sabemos la respuesta que nos dan: “el que quiera peces…que pase por caja”

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