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Se acabo la picaresca de los alquileres de las VPO

Hecha la ley, hecha la trampa

Hecha la ley, hecha la trampa

Hasta ahora vivíamos inmersos en la realidad determinada por el contrato privado de alquiler, una realidad que ahora se viene abajo, ya que el Tribunal Supremo ha determinado que por encima de los contratos privados se encuentra la ley autonómica que los rige.

Todo el caso viene de la situación de un inquilino de una Vivienda de Protección Oficial que pagaba de alquiler 660 euros mensuales, como había acordado con su casero y firmado en su contrato privado de alquiler. Sin embargo, un día comprobó que el límite estipulado por ley para el alquiler de una Vivienda de Protección Oficial era de 450 euros, por lo que decidió limitarse a pagar esa cantidad.

Ante ello, el casero interpuso una demanda que finalizó con una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que determinaba el desahucio del inquilino por impago de la renta fijada en el contrato privado de alquiler, firmado por ambas partes y, por tanto, sujeto a derecho.

Pero el inquilino decidió entonces acudir al Tribunal Supremo y éste le ha dado ahora la razón. El Tribunal Supremo ha determinado como nulas todas las cláusulas que fijen un alquiler por encima del estipulado por Ley para las Viviendas de Protección Oficial, y prohibido, a su vez, la inclusión de las mismas en los nuevos contratos de alquiler que se firmen a partir de ahora.

De esta forma se termina con la picaresca que se venía dando desde hace mucho tiempo con las Viviendas de Protección Oficial, de forma que algunas personas tergiversaban sus datos económicos para conseguir una de estas viviendas, de precio mucho más económico que el de mercado, para luego alquilarlas al precio, esta vez sí, de mercado.

Con ello obtenían una ganancia ilícita, ya que se aprovechaban de comprar barato y alquilar caro, algo que les reportaba pingües beneficios y conformaba un abuso en toda regla, que ahora, por fin, llega a su fin, gracias a la jurisprudencia que esta sentencia del Tribunal Supremo constituye.

Parece que, poco a poco, todas las triquiñuelas del sector inmobiliario van llegando a su fin, y se empieza a imponer el sentido común como medida de todas las cosas.

Al menos bajan las VPO

Al menos en ellas sí baja el tipo de interés

Al menos en ellas sí baja el tipo de interés

No es mucho, pero es algo, o mucho, sobre todo para el más de medio millón de titulares de hipoteca sobre Vivienda de Protección Oficial (VPO), que, por fin, ven como el Gobierno ha decidido rebajar el tipo de interés a aplicar sobre las mismas.

Concretando los datos, para el plan de 1996, el tipo de interés ha quedado en el 2.5%, para el plan de 2002-2005 en el 2.57%, y para el plan de 2005-2008 igualmente 2.57%, valores más acorde con los tiempos que corren para el Euribor, en valores mucho más bajos que en la última actualización.

Este descenso del tipo de interés de las VPO contrasta con el terror que se ha apoderado del resto de hipotecados que se agarran los machos ante la vertiginosa subida del Euribor en este mes de marzo, tras la comparecencia de Trichet de la semana pasada.

Un contraste que se torna en igualdad a la hora de intentar solicitar un préstamo hipotecario, tanto si se quiere comprar una Vivienda de Protección Oficial como si se quiere adquirir una vivienda en el mercad libre, porque en ambos casos los bancos y cajas han echado el cierre y no quieren saber nada de posibles nuevas formalizaciones.

Con ello se está consiguiendo que la demanda efectiva que, presumiblemente, comenzaría a haber en estos momentos, se esté convirtiendo en demanda malgastada con lo que se está perjudicando, no sólo al ciudadano que quiere adquirir su vivienda, sino también al promotor o constructor inmobiliario que sigue viendo su vivienda vacía.

Está claro, que el gran problema actual de la economía española no es tanto el tipo de interés de las hipotecas, sino el hecho de que no se concedan nuevas hipotecas, salvo excepciones muy contadas, lo que está congelando el desarrollo económico a todos los niveles.

Hasta que el sector financiero no comprenda su importante papel a la hora de colaborar en la recuperación económica del país, seguiremos temblando ante cualquier inestabilidad exógena que nos llegue y soñando con posibles brotes verdes que nadie, salvo la Ministra de Economía, es capaz de ver en realidad.

La frustración de ganar la lotería de las Viviendas de Protección Oficial

La dama de la injusticia

La dama de la injusticia

Varios medios se han hecho eco de esta situación que se está produciendo de manera cada vez más generalizada en nuestro país. Se trata de parejas adjudicatarias de Viviendas de Protección Oficial, tras ganar la lotería correspondiente en su respectiva Comunidad Autónoma, que no pueden acceder a dicha vivienda porque son incapaces de encontrar hipoteca.

Imagínate el drama. Meses y meses esperando y presentando miles de documentos, enfrentándote a la burocracia más absurda, valga la redundancia, y tras llevarte la alegría inicial de obtener una vivienda te encuentras con el drama de que no puedes acceder a ella porque no encuentras hipoteca.

Y es que el cierre de grifo de los bancos o cajas sigue siendo palpable. Se han cerrado en banda y sólo conceden hipotecas a aquellas familias de una solvencia demostrada, con unos ingresos suficientes como para hacer frente a las cuotas de manera desahogada y permanente.

Lo cuál entra en contradicción con el concepto de Vivienda de Protección Oficial. Se supone que para poder acceder a participar en el sorteo de este tipo de viviendas debes de encontrarte en una situación económica determinada, con un techo de ingresos anuales.

Pero luego ese techo de ingresos te supone un impedimento delante del banco, al menos en estos momentos, que no se arriesga a darte la hipoteca porque no confía que puedas hacer frente a los pagos ahora, o en el futuro. Por tanto, te exigen “ser pobre” para lograr una Vivienda de Protección Oficial, y “ser rico” para poder pagarla.

La solución a este problema es sencilla siempre y cuando se aplique con responsabilidad. Bastaría con que la Administración regional correspondiente sirviera de garante del pago de las cuotas, como viene haciendo en la Bolsa Pública de Alquiler.

De esta forma, el banco tendría una garantía de pago y no le importaría conceder la hipoteca a este tipo de familias, mientras que estas últimas podrían acceder a la Vivienda de Protección Oficial que han ganado en el sorteo.

Esa es la única forma de que no se produzca un embudo administrativo, propiciado por el limbo en el que quedan esas viviendas, amén de la injusticia que supone que no las puedan ocupar sus ganadores en lícito sorteo.