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Las subastas extrajudiciales, la nueva estratagema de los bancos

Los bancos quieren ser el único postor

Los bancos quieren ser el único postor

Está claro que echa la ley echa la trampa, y para trampas “legales” no hay nadie mejor que las entidades financieras que saben adentrarse en las entrañas de los textos jurídicos para obtener su beneficio permanente en cada situación, le pese a quien le pese.

Y así está sucediendo con las subastas extrajudiciales, que es una manera de esquivar las subastas tradicionales que se vienen realizando en los tribunales, para poder conseguir las viviendas a unos precios mucho más económicos, compensando así sus pérdidas patrimoniales.

Una subasta extrajudicial se realiza ante notario, y exige que el primer precio de salida del inmueble sea el 100% del valor de tasación del mismo, pasando, en caso de que no haya ningún comprador, al 75%, en segunda subasta, quedando, entonces, en precio libre para las siguientes pujas.

De esta manera, se puede dar el caso, y de hecho se ha dado, de entidades financieras que se han quedado con una vivienda en propiedad por el módico precio de 1 euro, gracias a que no había otros pujantes y la subasta se resuelve por esa cantidad antes de quedar desierta.

No podemos olvidar que en una subasta judicial el precio por el que la entidad financiera se queda el inmueble es el 50% del valor de tasación del mismo, con lo que la diferencia es notable y explica la voluntad de las entidades financieras de apostar por las subastas extrajudiciales como una manera de resolver sus problemas de balance, a costa de los intereses de sus antiguos clientes.

El problema radica en la laxa moralidad de esta práctica, ya que no está muy claro hasta que punto puede ser ético el quedarse con una vivienda por un euro, por mucho que la ley lo permita, aunque el nulo interés de las entidades financieras por las cuestiones éticas y morales es sobradamente conocido, y respetable, por otra parte, porque no dejan de ser entidades con pleno ánimo de lucro.

Son las administraciones públicas las que deberían de tomar cartas en el asunto y evitar que se produjeran estos abusos a todos los niveles si quieren, como dicen, defender los intereses de los ciudadanos.