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Marcando récords históricos, de morosidad, eso sí

Ya no contamos billetes, sólo monedas

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La tasa de morosidad de las entidades financieras españolas cerró el mes de marzo en el 8,36%, según los datos del Banco de España, lo que supone un ligero incremento con respecto al cierre del mes de febrero, cuando la tasa quedó fijada en el 8,15%, y, lo que es más importante, un nuevo acercamiento al máximo histórico de la serie estadística, que se produjo en febrero de 1994, cuando se cerró en el 9,15%.

Sin embargo, hay que recordar que en ese momento el volumen total de créditos que las entidades financieras tenían en sus carteras era de 260.581 millones de euros, mientras que ahora nos encontramos con 1.769.952 millones de euros, lo que significa una diferencia más que notable.

El problema, de nuevo, es que la tasa de morosidad no tiene visos de mejorar, más bien al contrario, ya que el número de familias españolas con todos sus miembros en situación de desempleo sigue viéndose incrementada mes a mes, y todo apunta a que en los próximos meses estaremos cerca de alcanzar el máximo

Lo cuál afecta de manera directa a la concesión de nuevos créditos, ya que las entidades financieras observan el riesgo que les supone conceder créditos a familias y empresas con estos volúmenes de morosidad. Y más si valoramos el hecho de que pueden comprar deuda pública, que no tienen que provisionar en sus balances y les sirve de garantía ante los mercados internacionales, con dinero que les presta el BCE al 1% de interés.

Se trata de una situación, por tanto, harto compleja, ya que sin la recuperación del crédito no podemos empezar a plantearnos una salida honrosa de la crisis, y visto como se está poniendo el panorama no parece factible una recuperación del mismo en el medio plazo.

Si a ello le añadimos las medidas de austeridad extrema planteadas desde los diferentes estamentos políticos europeos, nos enfrentamos a un escenario realmente desalentador, con una economía en proceso recesivo sin solución de continuidad, y unos políticos incapaces de dinamizarla en base a concesión de facilidades o a exigencias a las entidades financieras para que el flujo de crédito pueda llegar a las economías familiares y a las empresas.